Los archivos: garantes de derechos y de protección de la memoria histórica

The files: guarantors of rights and protection of historical memory

Pedro López López*
* Pedro López López es profesor titular de la Facultad de Ciencias de la Documentación de la Universidad Complutense de Madrid, codirector del grupo de investigación “Biblioteca y Sociedad”. Su último libro publicado es Ética y Derechos Humanos para Bibliotecas y Archivos» (disponible a texto completo en la red). Activista de derechos humanos. En la actualidad, interesado en la investigación de los crímenes del franquismo y la justicia transicional en España, así como el papel de los archivos en las medidas de justicia transicional.

Resumen

Este texto trata de la función de los archivos en relación con la memoria histórica y con los derechos reconocidos por la legislación internacional (derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación) a las víctimas de violaciones graves de derechos humanos, así como los obstáculos existentes para el acceso a la información en los archivos (destrucción intencionada, clasificación de documentos, falsificación de datos, discrecionalidad en la autorización al acceso).

Palabras clave: <Archivos><Justicia transicional><Memoria histórica><Derechos humanos>.

Abstract

This text is about the role of archives in relation to historical memory and to the rights recognized by international law (right to truth, justice and reparations) for the victims of serious human rights violations as well as obstacles blocking access to information within the archives (willful destruction, document classification, data falsification, discretionary access authorization).

Key words: <Archives><Transitional justice><Historical memory><Human rights>

NE. Intervención en las jornadas El papel de los archivos en la defensa de los derechos humanos y de la memoria histórica, celebradas en la Fundación Julián Besteiro los días 4 y 5 de abril de 2014. Texto publicado en Boletín ANABAD, 64 (3): 11-18 (2014), cuyo permiso se ha pedido para reproducirlo en Fuentes.

•     500.000 muertos: 300.000 en campo de batalla, 200.000 en retaguardia.

•     Más de medio millón de exiliados.

•     Luego del triunfo de la guerra civil, por el bando fascista, un millón de presos entre abril de 1939 y enero de 1940. Es el mayor número de presos en Europa después de la Alemania nazi. De estos presos, las propias autoridades franquistas reconocían 192.000 fallecidos en las cárceles. El resto soportaron condiciones penosas que incluían trabajo esclavo, hambre, palizas...

•     Bombardeos de poblaciones civiles (Barcelona, Málaga, Guernica, Durango, Majadahonda, Figueras...), con miles de víctimas. Son crímenes de guerra.

•      Trama de niños robados que ha perdurado hasta los años noventa, y si bien era un puro negocio en las últimas décadas, el comienzo respondía a motivos puramente ideológicos. Alcanza a unos 300.000 casos.

•     España es actualmente el segundo país del mundo en número de desaparecidos. Existen unas 2300 fosas comunes con aproximadamente 130.000-150.000 cadáveres. El Estado no se ha ocupado de este drama y los familiares reclaman que lo haga.

•     La transición española, que pretendió exportarse a Latinoamérica como un modelo a seguir ha quedado actualmente desacreditada al ser en realidad un modelo de impunidad ante estos gravísimos crímenes por los que no ha pagado nadie, y sufriendo la vergüenza de que tenga que ser la justicia argentina la que abra una causa por ellos.

El pasado mes de febrero de 2014, en un encuentro con corresponsales extranjeros, el Alto Comisionado de la Marca España, D. Carlos Espinosa de los Monteros, ante preguntas del periodista alemán Hans-Günter Kellner, que le venía a recordar que el comportamiento de España ante las víctimas del franquismo y la justicia universal también forman parte de la marca España, declaraba que es bueno que los niños españoles no sepan quién es Franco. Como sabemos, la expresión marca España está relacionada exclusivamente con ese discurso empresarial que tanto le gusta a nuestro gobierno. Jactarse de que las generaciones de jóvenes presentes y futuras no conozcan su historia reciente es una barbaridad impropia de cualquier país civilizado; jactarse de la amputación del derecho individual y colectivo a conocer la verdad del propio país es una aberración inadmisible en una democracia, pero para nuestro gobierno esto es un logro. Y desde luego que lo es, ya que el Estado como tal en materia de memoria histórica, más bien ha seguido una política que ha pretendido y conseguido en gran parte la amnesia de este país ante un genocidio y un posterior terrorismo de Estado cometido durante casi cuatro décadas. Ante esto, el Estado español, abusando claramente de lo que puede significar la palabra consenso,

ha decidido no aplicar ninguna de las recomendaciones de Naciones Unidas en materia de justicia transicional, e incluso vulnerar el derecho internacional al no derogar una ley claramente ilegal como es la Ley de Amnistía de 1977, o al no cumplir la Convención contra las Desapariciones Forzadas, que atañe directamente a la vergüenza de más de dos mil fosas comunes de las que el Estado se desentiende, así como a decenas de miles de casos de niños robados que tampoco parecen ser de incumbencia de nuestro Estado. Claramente, nuestro gobierno tiene mucha sensibilidad con el derecho internacional cuando se trata de Crimea, pero lo ignora olímpicamente cuando se trata de nuestro país. En cuanto a la justicia, otro poder del Estado, los jueces desprecian con una soberbia increíble el derecho internacional de los derechos humanos y el derecho penal internacional, un desprecio que vulnera la Constitución en sus artículos 10.2 y 96; y ya hemos visto cuál es el resultado cuando un juez se atreve a tomar el derecho internacional como referencia.

Una y otra vez los gobiernos de los últimos años han hecho caso omiso de las recomendaciones del Comité Contra la Tortura, del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas y de otros órganos de Naciones Unidas, y ello utilizando la Ley de Amnistía y la Ley de Memoria Histórica como blindajes para asegurar la impunidad. Una muestra de este blindaje de impunidad la tenemos en la negativa a extraditar a torturadores y exministros franquistas reclamados por la justicia argentina. El último rapapolvo que se ha llevado el Estado español ha sido el informe del relator de Naciones Unidas en materia de verdad, justicia y reparación, Pablo de Greiff. No es difícil adivinar el caso que le va a hacer el actual gobierno.

Como podemos observar, los defensores del olvido son los mismos que defienden la impunidad, y en consonancia con ello ya han aplicado otro recorte más (ya se había aplicado uno en 2009) al principio de justicia universal, que, como sabemos, se ocupa de los crímenes más graves (genocidio, crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad y crimen de agresión).

El pasado 26 de marzo tuvo lugar la presentación del libro Nos encargamos de todo. Robo y tráfico de niños en España, del sociólogo Francisco González de Tena (2014). En este acto, González de Tena y otras dos personas que le acompañaban en la mesa, describieron su nefasta experiencia con los archivos, instituciones que en el caso de las víctimas del franquismo más bien se han convertido en enemigas que en amigas del ciudadano y del investigador. Después de su intervención, y sabiendo lo difícil que tienen las víctimas del franquismo el acceso a la información, pensé en lo difícil que me sería hablar hoy aquí de los archivos como garantes de los derechos humanos y la memoria histórica. Por supuesto, no hay que cargar la culpa en la labor de los profesionales, sino más bien en los criterios políticos que imponen quienes hacen la normativa. Es conocida la frase del Conde de Romanones en el siglo XIX, "Ustedes hagan la ley, que yo ya haré el reglamento", refiriéndose claramente a que el desarrollo normativo de una ley general puede llevar precisamente a lo contrario de lo que pretende la ley. A esto estamos acostumbrados en este país, en el que incluso las propias leyes que desarrollan principios constitucionales declaran en sus preámbulos lo contrario de lo que luego el articulado desarrolla. No hay tiempo para ello, pero podríamos, por ejemplo, hablar extensamente de la Ley de (in)Seguridad Ciudadana o de la legislación laboral, que según va recortando derechos nos aseguran que se trata de asegurarlos. En materia de derechos humanos y justicia universal, si se leen ustedes el artículo 7 de la Ley de Cooperación con la Corte Penal Internacional, verán que más que de cooperación se trata de marear la perdiz y poner dificultades para que una denuncia contra crímenes graves contra la humanidad no prospere.

Pero lo que nos reúne en estas jornadas es el derecho de acceso a la información en relación con la memoria histórica. Este derecho ha estado presente desde las primeras declaraciones de derechos procedentes de las revoluciones inglesa, americana y francesa, aunque en esos siglos se hablaba más bien de libertad de expresión y de prensa, dentro de la lucha que había en esa época por conquistar los derechos políticos. Actualmente, el marco de este derecho está en el artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, que dice: " Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir información y opiniones y el de difundirlas sin limitación de fronteras por cualquier medio de expresión ".

Un rasgo importante del derecho a la información es que su valor va más allá de su propio contenido y se convierte en instrumento imprescindible para el ejercicio de otros derechos. En el contexto de la memoria histórica, la información es necesaria para el ejercicio del derecho individual y colectivo a la verdad, para el derecho a la justicia y para el derecho a la reparación. Si no tenemos información sobre hechos y responsables de esos hechos, se hace imposible articular una reclamación de estos derechos. Por otro lado, el derecho a la información es un pilar básico de la democracia porque el Estado está obligado a dar publicidad de su actividad, la transparencia debe regir los procedimientos administrativos y las actuaciones del gobierno. De otra manera, es imposible el control de los ciudadanos hacia el gobierno, un requisito básico de la democracia, aunque demasiado ignorado en nuestro país, donde al mínimo reproche o exigencia del ciudadano, las autoridades le contestan que vote por otra opción en las próximas elecciones; esta es la noción, o la caricatura, de democracia que rige en nuestro país.

En una ponencia presentada en 2008 en el Congreso Internacional de Archivos y Derechos Humanos, el archivero Carlos Osorio contaba que una colega estadounidense pidió en 2002 la transcripción de las conversaciones que habían tenido lugar en 1976 entre Henry Kissinger y el ministro de Relaciones Exteriores de la Junta Militar Argentina, conversaciones en las que el propio Kissinger dio luz verde a la guerra sucia que supuso el asesinato de 30.000 personas por parte de los militares argentinos. Al poco tiempo, esta colega recibió las transcripciones, aunque con un gran número de tachaduras. No conforme con lo que había recibido reclamó las transcripciones sin tachaduras, y nuevamente al poco tiempo recibió las transcripciones limpias de tachaduras. Esta anécdota, inimaginable en nuestro país por la cantidad desorbitada de documentos que se consideran secretos oficiales, nos revela cuál debería ser el modelo. Ya sabemos que Estados Unidos no es precisamente un modelo de democracia que debamos envidiar, cuando se trata de un país que ha exportado golpes de estado, guerras, intervenciones militares y cientos de maniobras para desestabilizar gobiernos que no le gustan; pero en algunas cuestiones de justicia y de transparencia gubernamental, quizás debamos tomar nota.

No obstante, no es necesario tomar el modelo de ningún país en concreto, el derecho internacional nos proporciona suficientes indicaciones. Como sabrán muchos de ustedes, el lema "Verdad, justicia y reparación" proviene del Conjunto de Principios para la Lucha Contra la Impunidad (informe Joinet, 1997, actualizado en 2005 por Diane Orentlicher), que establece tres derechos para las víctimas de estas violaciones:

1.   A saber las circunstancias y autores de las violaciones. Dentro de este derecho, se impone al Estado el "deber de la memoria", que contempla medidas como la creación de comisiones de la verdad.

2.   Derecho a la justicia. Las víctimas tienen derecho a un recurso justo y eficaz. Se impone al Estado el deber de investigar, perseguir y sancionar. Se prohíbe la amnistía, por lo que la Ley de Amnistía, vergonzosamente vigente en nuestro país, contraviene claramente el derecho internacional.

3.   Derecho a la reparación y garantía de no repetición de las violaciones. Incluye medidas individuales y colectivas, restableciendo la dignidad de las víctimas. Asimismo, disolución de grupos armados paramilitares, derogación de leyes y destitución de altos funcionarios implicados.

Para garantizar estos tres derechos son imprescindibles los archivos. En los informes Joinet y Orentlicher se resalta la importancia de preservar los archivos y otras pruebas de violaciones manifiestas de los derechos humanos, importancia que se ratifica en documentos posteriores, como el estudio sobre el derecho a la verdad llevado a cabo por la Comisión de Derechos Humanos en 2006 (documento E/CN.4/2006/91) y más recientemente (noviembre 2013) en una resolución (A/C.3/78/L.43/Rev. 1) que recuerda el derecho que asiste a las familias de conocer la suerte de sus miembros desaparecidos (esto afecta a los miles de niños robados durante el franquismo, que técnicamente son desaparecidos), así como el derecho de toda víctima (los familiares también son víctimas, según la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas) a conocer la verdad sobre los hechos ocurridos, "incluida la identidad de los autores de los hechos que dieron lugar a tales violaciones". Con respecto a esto último, el argumento de la necesidad de preservar la privacidad en ciertos archivos y la invocación continua a la ley de protección de datos va claramente en contra del derecho de las víctimas y familiares a conocer la identidad de perpetradores de violaciones tan graves de derechos humanos.

Esta dimensión democrática de los archivos referida a su vinculación con la memoria histórica y los derechos a la verdad, la justicia y la reparación es relativamente reciente. En un libro sobre archivos publicado hace unos meses, Ramón Alberch (2013), especialista en archivos y derechos humanos (ver Alberch, 2008) sitúa el punto de arranque en 1995, cuando un grupo de archiveros de diversos países dirigido por el archivero español Antonio González Quintana recibió el encargo de la Unesco de hacer un estudio sobe el tratamiento de los archivos de regímenes represivos. Dicho estudio se realizó a través de un convenio entre la Unesco y el Consejo Internacional de Archivos, y en 2008 fue actualizado y publicado bajo el título Políticas archivísticas para la defensa de los derechos humanos. Este estudio, que se ha convertido en un referente, da recomendaciones para las buenas prácticas en archivos que contienen información relevante para documentar violaciones masivas de derechos humanos. Cabe señalar que Antonio González Quintana es seguramente el mayor experto en archivos y memoria histórica en nuestro país (ver, por ejemplo, González Quintana, 2010 y 2011). Asimismo, la organización Archiveros Sin Fronteras ha llevado a cabo numerosos proyectos en este campo. Esta dimensión de los archivos ha propiciado un fructífero encuentro entre archiveros, juristas, historiadores, defensores de derechos humanos y movimientos memorialistas.

Podemos destacar, para ir terminando, los principales obstáculos que encuentran los archivos en relación con la memoria histórica:

]]> • Destrucción intencionada. Tras la muerte de Franco, en España se destruyeron muchos archivos relacionados con la dictadura. El exministro franquista Rodolfo Martín Villa, reclamado por la justicia argentina, ordenó destruir varios de estos archivos, entre ellos los de Falange y los del Movimiento Nacional. Durante su etapa de ministro de la Gobernación la guardia civil quemó miles de documentos comprometedores. Todo esto ocurrió bajo el mandato del expresidente Adolfo Suárez. Por esta destrucción masiva de documentos hasta ahora nadie ha asumido ninguna responsabilidad.

• Documentos que no se desclasifican, considerados secretos oficiales por razones de seguridad nacional. Esta semana el historiador Ángel Viñas rechazaba la negativa del gobierno a desclasificar miles de documentos del Ministerio de la Defensa y del Ministerio de Asuntos Exteriores, tal y como había pedido recientemente el grupo parlamentario Izquierda Plural.

• Falsificación de datos. Un caso llamativo está en la trama de tráfico y robo de miles de niños, donde se falsificaron certificados de defunción y otros documentos, alterando fechas, falsificando firmas, etc.

• Discrecionalidad en el acceso a documentos. Con frecuencia, los investigadores, periodistas e incluso víctimas se encuentran que el acceso a determinado documento depende en parte de la voluntad de la persona que les atiende.

Ante este panorama, no es de extrañar la queja del historiador Francisco Espinosa, uno de los grandes especialistas en nuestro país en asuntos de memoria histórica. En su libro Guerra y represión en el sur de España, después de señalar que en los años setenta "un buen número de encargados de archivos [...] no estaban allí para allanarte el camino en la investigación, sino para proteger de la curiosidad ajena los fondos documentales", dice (p. 223):

"En los años ochenta e incluso en parte de los noventa, los encargados de los archivos afrontaban la negativa planteando abiertamente que tal o cual documentación no se podía consultar. Se sentían protegidos por el poder y por las leyes, como ese canto a la ambigüedad que constituye la Ley de Patrimonio Documental de 1985. Cuando se les hablaba del derecho a la información y de los cincuenta años prescritos por la ley para poder consultar los documentos a partir de su fecha, ellos salían con el derecho al honor y a la intimidad. Lo mejor de una ley ambigua y confusa es que decide el que manda, de manera que si se negaban, no había más que hablar. Esto fue cambiando en los noventa. Desde entonces nadie niega abiertamente el acceso a tal o cual documentación. Ahora son más finos: simplemente te comunican que se encuentra en proceso de catalogación. A partir de ahí puedes esperar sentado. Yo no sé qué es peor, aunque quizá prefiera el sistema antiguo, en el que por lo menos sabías a qué atenerte. Otro procedimiento utilizado es el que podríamos llamar el truco del expediente: cuando solicitas una serie de expedientes personales, compruebas que faltan unos cuantos; entonces preguntas qué problema hay si todos son anteriores al año 50. La respuesta, según el encargado, es simple: el expediente constituye una unidad y su fecha es la del último documento. Alguien captó que esa era una buena fórmula para protegerla documentación de la mirada de los intrusos, ya que raro es el expediente que no contiene trámites burocráticos recientes por parte de la familia. Estos dos trucos, el de la catalogación y el del expediente, rigen todavía en algunos de nuestros archivos".

Menos sarcástico se muestra Carlos Jiménez Villarejo (2012, pp- 34-36) en otro libro reciente, Jueces, pero parciales, aunque también critica la opacidad en este caso de los archivos judiciales, con el agravante de que existe la proclamación constitucional de que "las actuaciones judiciales serán públicas". Sin embargo, la abusiva interpretación de la facultad de establecer excepciones a esa publicidad hace que, según Jiménez Villarejo, el acceso al conocimiento de determinadas sentencias sea no ya discrecional, sino directamente arbitrario.

En resumen, y para terminar, queda claro el imprescindible papel que tienen los archivos para proteger los derechos ciudadanos y preservar la memoria histórica de un país; y más claro aún lo lejos que España está de cumplir mínimamente con los estándares que un Estado democrático debe alcanzar en materia de archivos y memoria histórica. Por ello, es conveniente que los archiveros estén concienciados con los derechos mencionados (verdad, justicia, reparación), que son tanto individuales como colectivos, y que resultan seriamente dañados si los archivos no colaboran con investigadores, víctimas, abogados, periodistas y asociaciones memorialistas o de defensa de los derechos humanos.

Referencias bibliográficas

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