Destrucción y memoria

Destruction and memory

Hernán Invernizzi*
*Hernán César Invernizzi (27/8/1952). Argentino. Escritor. Periodista. Trabaja en la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires (Argentina).Autor de: Los libros son tuyos. Políticos, académicos y militares (2005), coautor con Eva Giberti, Vita Escardó y Luciano Galende: Hijos del rock (1995), con Judith Gociol: Un golpe a los libros (2002) y Cine y dictadura (2008). En prensa: Cine, política y censura. Los gobiernos peronistas y la llamada Libertadora (título provisorio).

Resumen

En junio de 1980 un destacamento de la policía de la provincia de Buenos Aires acumuló una gigantesca montaña de libros del Centro Editor de América Latina (CEAL) y trató de incendiarlos. Pero los libros se resistían, el fuego no se desataba, y fue necesario que un par de agentes policiales corrieran presurosos a buscar bidones de combustible para avivar las llamas. Por fin, la gran pira bibliográfica comenzó a arder y los libros, lentamente, se volvieron cenizas. La quema de los libros del CEAL fue la culminación de un proceso judicial que comenzó en diciembre de 1978: acumuló cientos y cientos de fojas en un voluminoso expediente radicado en la Justicia Federal de la ciudad de La Plata (capital de la provincia de Buenos Aires), en el cual se cumplieron todos los procedimientos formales exigidos por la ritualidad judicial. Todo quedó escrupulosamente asentado, foliado, sellado y firmado. A pesar del cumplimiento de las formalidades, durante los años posteriores creció una mitología según la cual los libros habían sido destruidos por fuerzas militares en medio de un ataque de furia contra los libros y el conocimiento. El autor relata la verdadera historia de la quema de libro del CEAL.

Palabras clave <Memoricidio><Biblioclastía><Centro Editor de América Latina>

Abstract

ln June 1980 a detachment of pólice in the province of Buenos Aires accumulated a huge mountain of books from the Editor of Latín America (CEAL) and tried to burn them . But books were reluctant, the fire is not unleashed, and it was necessary that a couple of pólice officers rushing to search corrieran fuel drums to fuel the ñames. At last the great pyre caught fire literature and books slowly became ashes. The burning of the books of CEAL was the culmination of a trial which began in December 1978 : accumulated hundreds and hundreds of folios in a voluminous record filed in federal court in the city of La Plata (capital of the province of Buenos Aires), which met all the formal procedures required by court ritual. Everything was scrupulously seated, numbered , stamped and signed . Despite the formalities , during the later years grew a mythology according to which the books had been destroyed by the military in a fit of rage against books and knowledge. The author tells the trae story of book burning CEAL.

Keywords <Centro Editor de América Latina><Biblioclastía><Memoricidio>

El 26 de junio de este año se recordó el 33° aniversario de la quema pública de cientos de miles de libros en un terreno baldío en el Municipio de Avellaneda, una de las populosas ciudades que forman el llamado "Gran Buenos Aires". En efecto, a fines de junio de 1980 un destacamento de la Policía de la provincia de Buenos Aires acumuló una gigantesca montaña de libros del Centro Editor de América Latina (CEAL) y trató de incendiarlos. Pero los libros se resistían, el fuego no se desataba, y fue necesario que un par de agentes policiales corrieran presurosos a buscar bidones de combustible para avivar las llamas. Por fin, la gran pira bibliográfica comenzó a arder y los libros, lentamente, se volvieron cenizas.

La quema de libros del CEAL fue un acto público, porque el juez a cargo quería que quedara claro que en su juzgado no se habían robado ni vendido los libros sino que habían procedido a su destrucción legal: prefería quedar antes como un destructor de libros que como un ladrón. Por eso se hizo en lugar visible, a la luz del día; por eso ex empleados del CEAL (que tomaron fotos de la escena), testigos, personal policial y del juzgado, más algunos curiosos, estuvieron presentes durante la destrucción.

Aquella inmensa cantidad de libros habían sido descubiertos en un enorme depósito donde el CEAL los había puesto a resguardo. Ante una denuncia, el juez los incautó y quiso saber si se trataba de material "subversivo", para lo cual solicitó informes a los "organismos especializados", esto es, los servicios de inteligencia estatales, que contaban con equipos de especialistas en temas culturales. Poco a poco llegaron los informes de los censores (figuran en el expediente) y el juez concluyó que los títulos violaban la ley 20.840, conocida como "la antisubversiva", y que por lo tanto se trataba de material culpable o, en el mejor de los casos, sospechoso. Y como los libros no se pueden meter presos, entonces debían ser destruidos. Por escrito dispuso que Bons Spivacow (fundador y director del CEAL) se debía ocupar de destruirlos, algo inconcebible quien había dedicado su vida a la industria editorial y la promoción del libro. Ante la resistencia del editor, el juez dio la orden de destrucción. Y así se hizo.

Aquellos libros lueron destruidos pero también fueron recordados. Ante una gran cantidad de vecinos y funcionarios municipales, enjunio de 2013 se concretó un acto de homenaje. Los organizadores convocaron a contar esta historia a muchos más para seguir haciendo memoria. A modo de cierre del acto se descubrió una placa con el lema "Más libros para más", alguna vez inventado por el mismo Boris Spivacow.

Si bien es muy sugestivo inventariar y analizar los libros destruidos por aquella fogata (un resumen se puede encontrar en lnvernizzi/Gociol, 2002), en esta oportunidad recordemos quién fue el juez que ordenó una de las mayores piras bibliográficas de la historia de nuestro continente. Se trata del doctor Héctor Gustavo de la Serna, descendiente de una familia patricia de la provincia de Catamarca (falleció en 2012). Inicialmente optó por ser militar, hasta que en 1961 participó del enfrentamiento entre dos facciones militares (los llamados "azules 5 colorados") y terminó detenido. Se escapó y una de las tantas amnistías locales le permitió recuperar la legalidad. Como era joven y su carrera militar ya no tenía futuro, estudió abogacía en la Universidad Católica de La Plata. Su primera función pública fue la Director del Servicio Penitenciario Bonaerense durante la dictadura del general Onganía (1966/70). A partir de 1976 la siguiente dictadura militar lo designó Juez Federal de la ciudad de La Plata, capital de la mayor provincia argentina, cargo que ocupó hasta que recuperamos la democracia en diciembre de 1983. Años después se recibió de doctor en filosofía en la Universidad Austral (que depende del Opus Dei y que, por supuesto, doctoró en filosofía a un destructor de libros).

Entre 1976 y 1983 el juez De la Serna recibió cientos de pedidos de hábeas corpus presentados por familiares de desaparecidos. En todos los casos rechazó la solicitud. Años después, durante un juicio por causas de lesa humanidad, le preguntaron cuántos habeas corpus se habían tramitado en su juzgado y él respondió: "No lo recuerdo, tengo la cabeza en la filosofía porque estoy rindiendo exámenes". Durante el mismo juicio reconoció que en numerosas oportunidades se había entrevistado con los represores Ramón Camps (el siniestro jefe de la Policía de la Provincia de Buenos Aires) y con el coronel Roque Presti (responsable de docenas de desapariciones y de los asesinatos de varios militantes populares que se encontraban detenidos en la cárcel de La Plata). Durante la misma declaración aseguró que la dictadura militar nunca había condicionado su trabajo como juez: "No recibíamos órdenes. A la Justicia se le dio libertad en aquella época", aseguró. Ex militar, abogado por la Universidad Católica de La Plata, doctor en filosofía por la Universidad Austral y cómplice del terrorismo de Estado, así era el juez que ordenó la quema de los libros del CEAL.

Otro caso es el de la Biblioteca Popular Constancio C. Vigil, cuyos orígenes se remontan a los años 40, cuando se fundó una biblioteca en una asociación vecinal de la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe. A principios de los años 50 una nueva generación de vednalistas creó la SubComisión de Biblioteca, a partir de la cual el crecimiento del proyecto se volvió vertiginoso. A los pocos años el área biblioteca se independizó y fundaron una asociación civil, la "Biblioteca Popular Constancio C. Vigil", que en poco años se convirtió en una de las principales referencias culturales de la ciudad. Los números son elocuentes: a mediados de los años 70 La Vigil tenía 20.000 socios, alrededor de 700 empleados y unos 3.000 alumnos acudían a sus escuelas, desde jardín de infantes hasta su propia universidad popular; la biblioteca tenía más de 1.000 lectores diarios promedio, 50.000 libros en circulación y otros 15.000 sin catalogar.

A pesar de su éxito socio-cultural, La Vigil no pudo eludir la crisis económica de 1975: su estructura económico-financiera se resquebrajó y comenzó a sufrir variadas demandas judiciales. La dictadura militar aprovechó esa debilidad como excusa para decretar una intervención que tenía apariencia de legalidad, en febrero de 1977. La biblioteca fue clausurada y auditada por los censores dictatoriales. Las fichas de lectura se convirtieron en una base de datos de control ideológico en manos de los servicios de inteligencia. Los cursos universitarios fueron cerrados. El Área de Ciencia Naturales también fue clausurada: algunos de los animales embalsamados fueron usados para prácticas de tiro al blanco y otros fueron trasladados a un museo provincial, pese a que pertenecían al patrimonio de La Vigil. También clausuraron el Observatorio Astronómico: su patrimonio fue desbaratado y hasta robaron (sin que hoy se conozca su destino) la valiosa lente, única del país, que habían importado de Alemania.

La Vigil había fundado su propia editorial, bautizada como "Editorial Biblioteca", organizada en 16 colecciones y que en 10 años publicó casi 100 títulos, con más de 2 millones de ejemplares impresos. La intervención dictatorial le prendió fuego a los 50 mil libros que encontró en los depósitos. Pero esos no fueron los únicos libros destruidos por la intervención, que también se acordó de incinerar las bibliotecas especializadas de la escuela secundaria. Raúl Frutos, el bibliotecario de La Vigil, durante una muestra homenaje, recordaba: "Desapareció todo, los depósitos que teníamos en otros pisos, material de la editorial, de la biblioteca. Lo que no se robó, se quemó o se regaló".

Estas atrocidades fueron llevadas a cabo como parte de la política represiva de la dictadura militar y, por lo tanto, bajo la responsabilidad de sus máximos jerarcas. En el caso de La Vigil, investigaciones posteriores permitieron reconstruir la red de funcionarios que aplicaron la política dictatorial en el caso concreto. Un tal Carlos Sfulcini ocupó el cargo de Rector. Se trata del torturador que interrogaba a los secuestrados y administraba ceñiros clandestinos de detención en la zona de Rosario bajo los alias "Carlitos" o "Carlos Blanco". Un tal Raúl Pangia, psicólogo, se convirtió en un Vicerrector que recibía a los estudiantes con un revólver sobre su escritorio. En 2010 se confirmó que era un agente civil de la inteligencia militar, especializado en censura cultural. Un tal Ramón Alcides Ibarra se convirtió en Director del Departamento de Educación. Integraba el Servicio de Informaciones de la policía provincial y tenía su sede operativa en el campo de concentración "El Pozo", que funcionaba dentro de la Jefatura de la Policía de Rosario, en donde fueron torturados cientos de compatriotas.

Así como el caso de la quema de libros del CEAL fue recordado, el caso de La Vigil fue motivo de la organización y movilización de sus socios y ex alumnos, que a partir de 2001, pero sobre todo a partir de una asamblea en 2004, comenzaron a reclamar por la normalización de La Vigil y la devolución de todos sus bienes. Si bien se realizaron importantes progresos, en este caso el Estado democrático todavía adeuda una justa respuesta al reclamo de la memoria y la historia.

Hubo otros casos en este resumen de la biblioclastía durante la dictadura militar. El 29 de abril de 1976, apenas un mes después del golpe de Estado, en el Regimiento 14 de Infantería Aerotransportada de la Provincia de Córdoba, y ante la presencia de varios periodistas invitados, incendiaron otra enorme montaña de libros. La ceremonia fue coronada con un comunicado de prensa en el cual el Comando del III Cuerpo de Ejército informaba que había destruido "documentación perniciosa que afecta al intelecto y a nuestra manera de ser cristiana", para evitar que se continúe "engañando a nuestra juventud sobre el verdadero bien que representan nuestros símbolos nacionales, nuestra familia, nuestra Iglesia, y en fin, nuestro más tradicional acervo espiritual sintetizado en Dios, Patria y Hogar".

En declaraciones a la prensa, el teniente coronel Jorge Gorleri, jefe de la Unidad de Paracaidistas, dijo a los periodistas que entre los textos quemados no había "obras de nuestros proceres, pero sí libros de Mao Tsé Tung, Marx, Lenin, Guevara, Trotsky y fascículos del Centro Editor de América Latina".³

En Un golpe a los libros recordamos otras formas de la destrucción bibliográfica. Tal el caso de ediciones Granica, que sufrió la prohibición formal y oficial de varios de sus títulos. En el contexto del terror que azotaba a la sociedad en los años de la dictadura, las mismas autoridades de la editorial decidieron deshacerse de numerosos ejemplares de los libros prohibidos. En este caso ya no se trata de los libros destruidos por la dictadura sino los que se eliminaban por propia decisión; libros que fueron directamente de la imprenta a una fábrica de papel sin pasar por las librerías. Así se perdieron diez títulos, unos 20.000 ejemplares, convertidos, otra vez, en pasta de papel.

Y después está la otra cara de la quema: la de la destrucción doméstica, íntima, de libros a causa del miedo. Esa es una cara especialmente dolorosa: la de autocensura. No podemos olvidar la tarde en que Graciela Cabal, escritora, nos contaba con qué vergüenza quemó libros en la bañera de su casa. Lo contaba con lágrimas en los ojos veinticinco años después de aquel horror, y todavía lloraba. Imposible hacer el inventario de los compatriotas aterrorizados que quemaron libros en sus casas, o el relevamiento de quienes los enterraron en sus jardines o en casas de amigos, y décadas después los exhumaron todavía intactos en sus bolsas de nylon o se encontraron con los restos ilegibles de lo que alguna vez fue un libro amado pero peligroso.

Otro ejemplo que revelamos en aquella investigación -y particularmente perverso- fue la desaparición de libros de las bibliotecas municipales de la Ciudad de Buenos Aires. El 3 de mayo de 1976, Arturo Gerardo López Peña fue designado como Director de la vasta red de bibliotecas porteñas. Lo interesante del caso es que López Peña era el Subsecretario de Cultura del gobierno constitucional depuesto por el golpe de Estado... Dos meses después de asumir el cargo, ordenó a través de una directiva interna que 25 libros fueran retirados de los estantes. Pero también ordenó "que se retiraran las fichas de los libros, con lo cual las obras pasaban a ser inexistentes: desaparecían. Para el público que consultara las bibliotecas, aquellos títulos nunca habían estado allí"⁴. Durante los meses inmediatamente siguientes las autoridades que sucedieron a López Peña ampliaron el catálogo de libros desaparecidos. Esta política de persecución bibliográfica también se proyectó sobre el personal de las bibliotecas y sobre los lectores: ambos grupos fueron sometidos a diverso tipo de controles y presiones, dispuestos por resoluciones internas oficiales que dimos a conocer en la citada investigación.

Un caso emblemático es el eme padeció la prestigiosa Editorial Universitaria de Buenos Aires (EUDEBA) a partir del golpe de Estado. Primero fue intervenida con un oficial de la Armada, después fue "normalizada" con un equipo de civiles y, por fin, nuevamente intervenida por un militar, esta vez del Ejército. El primer interventor seleccionó una cantidad de títulos cuyo contenido le resultaba sospechoso y ordenó que fueran llevados al depósito, pero sin destruirlos. Meses después asumieron los directivos civiles designados por la dictadura: el filósofo jorge Luis García Venturini (Presidente), el abogado Pedro Eugenio Aramburu hijo (Vicepresidente) y el dirigente socialista Luis Pan (Director Ejecutivo) encabezaron una Comisión Directiva integrada exclusivamente por civiles, todos ellos prestigiosos universitarios, profesores, autores de libros y textos en publicaciones periódicas.

Hasta aquí, entonces, algunos de los muchos ejemplos de destrucción de libros durante la dictadura militar. Éstos y los restantes casos de destrucción, control y censura de libros implican cierta cantidad de problemas teóricos y políticos, de tipo académico y también de urgente acción sobre la realidad, que nos parecen insoslayables cuando se trata no sólo del amor por los libros y sus bibliotecas sino también de la pasión por la justicia, la democracia y la emancipación de nuestros pueblos.

Dictadura y política cultural

Cuando se habla de la dictadura militar que padeció la Argentina entre 1976 y 1983 el primer tema suele ser el horror represivo suirido por nuestra sociedad, lo cual es lógico si consideramos los 30.000 desaparecidos, los centenares de niños apropiados, los miles de presos políticos y exiliados, etc. No obstante, la dictadura no fue apenas un ejercicio de íerocidad y racionalidad represiva. A pesar de sus conflictos internos (como en cualquier proceso complejo), el régimen cívico-militar tenía un proyecto global y su correspondiente estrategia.

Esquemáticamente proponemos que esta estrategia era como una mesa de tres patas: por un lado, el modelo económico liberal llevado adelante por el Ministro de Economía, Martínez de Hoz, principal aliado civil del dictador Jorge Videla; por otro, el terrorismo de Estado, y por fin la política cultural, de la cual se ha hablado y escrito muy poco. A los militantes reprimidos y al cierre de fábricas y fuentes de trabajo, se corresponde la desaparición sistemática de símbolos, discursos, imágenes, tradiciones, etc. Para la dictadura, la estrategia cultural era necesaria para el cumplimiento integral de sus objetivos de mediano y largo plazo, y no se limitó a prohibir/destruir sino también a producir/ promover valores culturales.

La dictadura tuvo una política cultural de alcance nacional; una verdadera estrategia de control, censura, represión y producción cultural, educativa y comunicacional, planificada, aplicada y oficialmente admitida. A esta política el régimen le asignaba un lugar central en su proyecto global de reformulación socioeconómica y domesticación de amplios sectores sociales por medio del terror y la acción cultural. Esta hipótesis se encuentra suficientemente demostrada. Para el caso referido a libros, editoriales y autores, y para el caso de la industria cinematográfica, en otras publicaciones dimos a conocer resultados temáticamente parciales acerca de la misma.⁶

Para demostrar la existencia de esta estrategia, articulamos básicamente las siguientes fuentes. Por un lado, documentos que la describieran de manera precisa. Por el otro, acontecimientos verificados que confirmaran su puesta en práctica. Y, por fin, testimonios más o menos coincidentes con las variables anteriores.

Para el caso de los documentos, nuestra fuente principal fue el llamado "Archivo Banade", una colección de cientos de documentos sobre represión y control cultural que aparecieron en el edificio que albergaba al Banco Nacional de Desarrollo (25 de mayo al 100, Ciudad de Buenos Aires). A partir de allí ampliamos la base documental investigando otros espacios institucionales y privados, en los cuales encontramos vanada y numerosa documentación acerca del tema. Estos documentos fueron sometidos a diversas formas de control a fin de asegurarnos su autenticidad. Y como los documentos podrían haber sido sólo manifestaciones de intenciones o proyectos no llevados a la práctica, investigamos numerosas fuentes periodísticas públicas. Esto nos permitió verificar que los proyectos enunciados en los documentos habían sido llevados a la práctica, esto es, se habían convertido en políticas oficiales gestionadas y aplicadas por el estado dictatorial. Para el caso de los testimonios, entrevistamos a docenas de artistas, ex funcionarios, empresarios, trabajadores de organismos estatales, productores, investigadores, militantes y dirigentes.

Como se trata de historia viva, los testimonios son fundamentales. Pero del testimonio a la historia hay una distancia. En parte debido a la "naturaleza de la memoria", compuesta tanto de recuerdos como de olvidos, los cuales también le otorgan sentido a la memoria. Y en parte porque el testimonio es imprescindible pero fragmentario. Su valoración requiere no sólo la confrontación con otros testimonios, sino también su ubicación en una "necesaria red de fondo". Deben proveerse todos los datos posibles que expliciten el contexto, donde lo biográfico se inserte y recupere su sentido histórico. Al mismo tiempo, las fuentes orales se relacionan entre sí y con el investigador de manera intersubjetiva, lo cual refuerza la necesidad de una tarea previa de documentación y análisis del contexto.

Por razones de síntesis, sólo daremos dos ejemplos tomados a partir de la llamada "Revolución Argentina" (1966/73), golpe de Estado encabezado por el genera] Ongania en 1966. En marzo de 1967, Carlos María Gelly y Obes, Secretario de Educación, explicó que "en el ámbito universitario se produce el primer choque entre la revolución y la contrarrevolución...". Definió la situación estratégica ("somos la contrarrevolución versus la revolución") y estableció como objetivo supremo "la formación" de cierto tipo de jóvenes, lo cual les parecía necesario para ganar una guerra total, en frentes simultáneos y de largo plazo. El 16 de agosto de 1967 el general Ongania afirmó en una conferencia de prensa: "No cabe duela de que tratándose de luchas ideológicas, la represión es el medio menos eficaz para hacer triunfar la propia ideología...". Se trata apenas de ejemplos que ilustran una continuidad observada en numerosos casos.

El frustrado proyecto de Ongania era heterogéneo: incluía desde elementos del nacionalismo católico más conservador hasta economistas liberales a ultranza. La dictadura de 1976 era más homogénea y en ella el liberalismo económico era dominante. No obstante, compartían con los anteriores la evaluación de que la represión física sin una activa política cultural no tenía futuro.

En marzo de 1975, La Nación (un diario consecuentemente pro-dictadura) publicó la nota editorial "La guerrilla que no se combate", cuya conclusión es elocuente: "Mientras las fuerzas armadas y de seguridad entregan su cuota de sangre casi cotidiana en la lucha contra la subversión, esa misma subversión hace sus mejores conquistas en un terreno del cual después ninguna fuerza podrá desalojarla: en la mente y en el corazón de nuestros adolescentes". Ricardo Bruera, primer Ministro de Educación de la dictadura, en julio de 1976 explicó: "Nosotros concebimos la educación dentro de una concepción de política global...". El 2 de enero de 1977 el filósofo García Venturini afirmó que "la lucha contra la subversión violenta... es sólo un aspecto en la contienda total en que están empeñados los hombres de bien...".

En noviembre de 1977 el ex almirante Emilio Massera sostuvo que "durante los últimos 30 años se ha venido desarrollando una verdadera guerra mundial, una guerra que tiene, como campo de batalla predilecto, el espíritu del hombre. (...) En medio de esta guerra de las culturas y las contraculturas, la Argentina atravesó un momento de aguda debilidad...". En 1978, el ex general Suárez Masón explicó que "sería absurdo suponer que hemos ganado la guerra contra la subversión porque hemos eliminado su peligro armado". El siguiente Ministro de Educación, Juan Llerena Amadeo, sostuvo poco después: "Las ideologías se combaten con ideologías y nosotros tenemos la nuestra...". En octubre de 1978, el ex general Viola explicó en la Universidad de Belgrano que "el destino final de las operaciones en desarrollo es la mente humana, el sistema interno de convicciones de cada hombre".⁷

Un informe de inteligencia de noviembre de 1978 sostenía que el régimen buscaba "dar identidad a un país desorientado", y concluía: "La eficacia de prohibir es nada o muy poco en esta materia, frente a las posibilidades de acción creativa de los intelectuales, editoriales, etc. que comparten los valores dignos de ser sostenidos". Para la dictadura militar, la pretendida "guerra" también era una "guerra" cultural. Y como en toda "guerra"⁸, ésta tuvo su estrategia.

Reconocer la existencia de una estrategia cultural no implica que haya o no tenido éxito. No obstante, los voceros de la dictadura la viven como un fracaso: sostienen que ganaron la lucha contra "la subversión armada" y que perdieron la batalla política y cultural. Según este razonamiento, su fracaso en el pasado explicaría la condena política en el presente: si hubieran tenido éxito, hoy, en vez de condena y repudio, disfrutarían de elogios y agradecimientos. Confirman así su estrategia en el terreno ideológico, pero lamentan no haberla aplicado con la misma eficacia que la masacre de personas.

La lucha ideológico-cultural era una clave a futuro de la estrategia de la dictadura. Así está expresado por los mismos Videla y Viola en sus Directivas Generales del Comandante en Jefe (secretas) de marzo de 1976, 1977 y 1979. Allí explican que ya había finalizado la destrucción de las fuerzas guerrilleras y que los fines principales de su proyecto eran la lucha por las "conciencias" o las "mentes" de los argentinos y en general los objetivos en materia de política educacional y cultural. No se trataba sólo de masacrar (terrorismo de Estado); tampoco alcanzaba con concretar los objetivos socioeconómicos (plan Martínez de Hoz); además, era necesario producir consenso, aprobación, esto es: ganar la mente de los argentinos.

A pesar de las evidencias, una visión frecuente en ambientes artísticos y culturales sostiene que la política cultural de la dictadura no obedeció a una estrategia sino a impulsos más o menos irracionales o no sistemáticos. La dictadura reivindicaba públicamente la aplicación de su plan cultural; no obstante, muchos afirman, aún hoy, que tal proyecto nunca existió, lo cual resulta extraordinariamente peligroso a futuro.

A) Una de ellas sostiene que el control cultural fue anárquico y arbitrario, lo cual confirmaría que ni el control ni la cultura eran importantes para la dictadura. Esta idea se suele defender con la siguiente lógica: "X es un autor de izquierda, pero no lo prohibieron. No lo prohibieron porque no se dieron cuenta. Por lo tanto, no había control" (o el control era arbitrario). A veces la idea se refuerza con la siguiente afirmación: "No se daban cuenta porque son brutos". Se pretende justificar el argumento recordando prohibiciones aparentemente ridiculas como la de El principito.

Por el contrario, hemos demostrado que obras y autores no censurados fueron objeto de control y manipulados por una política que decidió no prohibirlos. Los controlaron, los analizaron, concluyeron que eran "marxistas", "subversivos", etc., pero no los prohibieron. Detrás de una obra o autor no prohibidos había un sistema de control que elevaba informes a quienes tomaban las decisiones políticas, los cuales decidían si el caso sería prohibido por decreto, motivo de una entrevista personal o investigado más a fondo, sin perjuicio de los casos en los cuales decidieron que la prohibición directa no era políticamente conveniente.

B) A partir de la hipótesis según la cual la cultura era algo secundario para los militares, se concluye que su control no era sistemático. Es como decir: "Como la cultura no les importa, entonces no la controlan". En principio, se trata de una hipótesis apoyada en una petición de principios insostenible, a saber, que "la cultura no les importa". Pero, además, esta idea se apoya en una imagen caricaturizada de "los militares" y de "la dictadura", ignora la complejidad de las estructuras de gobierno, omite la idea misma depolíticas de Estado, etc. Es antes un prejuicio que una reflexión lógica o académica.

Numerosos documentos, la existencia de equipos de investigación, la inversión en infraestructura, etc., demuestran, por el contrario, que cultura, educación y comunicación eran asuntos de primera importancia para la conducción de la dictadura. Por dar un ejemplo, la Dirección General de Publicaciones (Ministerio del Interior) ocupaba un edificio de siete plantas en la calle Moreno al 700 de la Ciudad de Buenos Aires, paradójicamente, el mismo edificio donde funcionó la Secretaría de Derechos Humanos durante el gobierno menemista.

Intelectuales y periodistas pro-dictadura firmaban sus opiniones; en muchos casos se escondían detrás de seudónimos o de textos sin firma, pero la lógica misma de las industrias culturales permite deducir a los autores agazapados en esos anonimatos relativos. Por el contrario, la dictadura fue muy cuidadosa en el ocultamiento, disimulo o clandestinización de su infraestructura de control cultural, que en la mayoría de los casos funcionaba con la lógica de los servicios de inteligencia. Se sumaba a eso que el oficio de censor es poco honorable: los intelectuales que tenían ese trabajo trataron de mantenerse en la sombra y la identificación de esa infraestructura y de esos personajes muchas veces ha sido muy ardua. Vaya esta aclaración para matizar y enriquecer el análisis de las políticas de la memoria.

Para entender el problema no hay que confundir el tema de la selectividad de la memoria (no recuerda que pasó tal cosa) con el problema de que es poco probable recordar lo que no se supo. No decimos que es poco probable recordar "lo que no se vivió", sino aquello que no fue sabido. Un sujeto puede desconocer la lógica de la cual dependen experiencias vividas y, por lo tanto, resignificarlas y narrarlas en consecuencia. Recuerda que las obras X y N no fueron prohibidas, lo cual es cierto. Y entonces concluye que no había censura o control, lo cual es falso.

Hablamos con trabajadores de la cultura que ignoraban que X conjunto de obras fueron controladas por la dictadura. De ahí no se concluye que el control cultural no existía, que esas obras no interesaron a la dictadura o que le hayan parecido inofensivas o amistosas. Sólo podemos concluir que muchos ignoraban que eran víctimas de un sistema de control relativamente clandestino. Aún hoy nos encontramos con autores a los cuales se les entregan las carpetas de inteligencia acerca de su obra y quedan desconcertados frente a la vastedad de los controles y la meticulosidad de los análisis de los que fueron objeto.

No se trata de un caso de mitologización —en el sentido descalificador del término- ni de una manifestación de la memoria como producto de recuerdos y olvidos, sino de desconocimiento. Conocieron episodios ("prohibieron X; no censuraron N") pero ignoraban la política que los regía y dentro de la cual los episodios aislados adquieren otros sentidos.

Lo notable no es que la dictadura se haya preocupado por la cultura y que haya tenido una política cultura], sino que se piense todo lo contrario. No asombra que estas políticas existieran sino que no sean recordadas y reconocidas. Sorprende que hayan caído en el olvido unas políticas que, probablemente, también fueron políticas para el olvido, políticas para producir olvido y que podrían ser recordadas, o bien que la historia debería instalar en el debate del presente acerca del pasado.

El protagonismo de los civiles

En el Prólogo de Bibliocastía apuntamos: "En su trabajo inapelable, Fernando Báez se plantea: 'El 60 por ciento de los desastres bibliográficos en el mundo han sido intencionales. No eran bárbaros, ignorantes o gente inculta los mayores quemadores de libros, sino intelectuales, que han estado detrás de las grandes dictaduras. Platón destruyó libros. Nabokov destruyó el Quijote y en 1933, las quemas las realizaron los mejores estudiantes y profesores alemanes y uno de los maestros que apoyó la medida fue Martín Heidegger. ¿Por qué Borges hizo silencio cuando quemaron un millón y medio de libros en el baldío de Sarandí? ¿Por qué no dijo nada Borges cuando dinamitaron editoriales y desaparecieron a escritores con sus familias?'".⁹

Una de las más reveladoras líneas de investigación pasa por la participación de civiles en la elaboración y ejecución de las políticas culturales de la dictadura. No se trata de "colaboradores" (ese término puede sugerir una presencia marginal o transitoria) sino de "protagonistas" de la política cultural del régimen militar.

Fueron miles de compatriotas: funcionarios de las categorías más altas del escalafón de la función pública; secretarios y subsecretarios de Estado, jefes de departamento, directores de equipos de estudio, gabinetes asesores, especialistas contratados, consultores, rectores, decanos, etc., todos designados por decretos nacionales o por resoluciones ministeriales. Eran académicos, profesores de universidades públicas y privadas, directores de departamentos, doctores, licenciados, ingenieros, abogados, físicos, sacerdotes, economistas, etc. Eran protagonistas de la vida académica y cultural de nuestro país y fueron piezas de importancia estratégica. Eran cuadros intelectuales de la política cultural de la dictadura. Asesoraron, investigaron, escribieron informes, analizaron y propusieron; pusieron su saber al servicio del proyecto dictatorial.

Algunos se ocuparon de elaborar la política de control, censura y propuestas para los medios de comunicación, como en el caso del Comité de Estudios para los Medios de Comunicación Gráfica, un ente creado por el dictador Videla dentro de la estructura de la Secretaría de Información Pública (SIP). Uno de sus integrantes, abogado de abultado curriculum, hasta hace un par de años fue Decano de la Facultad de Derecho y Rector de una importante universidad confesional del interior del país. Este Comité efectuó un minucioso estudio de legislación comparada acerca de las alternativas legales para censurar a los medios gráficos y, por supuesto, elevó al dictador sus recomendaciones técnicas. Uno de los integrantes de este Comité hasta hace poco daba clases de derecho y libertad de prensa a sus alumnos.

Algunos de estos intelectuales y profesionales son responsables de delitos cometidos como funcionarios públicos y atentaron contra el patrimonio cultural de nuestra sociedad. Muchos de ellos coincidían en que debían colaborar para orientar o condicionar la formación de los futuros cuadros dirigentes, de modo tal que el país del futuro se pareciera al país que ellos y sus socios militares soñaban (y que, justo es reconocerlo, se parecía bastante a la sociedad desmovilizada, paralizada y desconcertada en la cual se concretó el saqueo económico del neoliberalismo de los años 90).

Citemos por caso el contrato secreto firmado entre la intervención de EUDEBA y el Ministerio del Interior (durante la gestión del tenebroso general Albano Harguindegy). En los considerandos se dice que el gobierno dictatorial tenía la obligación de intervenir para orientar y condicionar la formación intelectual de los futuros dirigentes políticos, la mayoría de los cuales saldrían de la Universidad de Buenos Aires. A tal efecto publicaron docenas de libros seleccionados por los servicios de inteligencia. Dichos títulos no aclaraban su origen y se publicaban bajo el sello prestigioso de la editorial, clandestimzados dentro de las colecciones tradicionales. Muchos de ellos todavía se encuentran en las librerías. No eran textos nazis ni fascistas. Se trata de autores liberales, neoliberales y conservadores que fueron el soporte intelectual del proyecto neoliberal de los años 90. Esta selección de textos y autores no fue realizada por un sargento de infantería sino por un equipo de intelectuales que compartían criterios estratégicos con el régimen militar.¹⁰

Política, conocimiento y derechos humanos

Como señalamos en un seminario realizado en la ciudad de La Paz en el año 2008¹¹, por lo general se habla de los derechos humanos como de un asunto de principios doctrinarios en estado puro. No obstante, el debate doctrinario puro es una representación que esconde otros problemas (o los manifiesta metafóricamente). Las declaraciones de principios, ideologías, teorías filosóficas y en general las explicaciones generales del mundo son mejores o peores expresiones discursivas de diverso tipo de intereses.

Desde su origen, el problema de los derechos humanos es un problema político. Si tomamos como referencia la Declaración de las Naciones Unidas de 1948, el carácter político del asunto queda a la vista. Dicha Declaración se aprobó poco después de terminada la Segunda Guerra Mundial y es una de las consecuencias de los acuerdos negociados por las potencias triunfantes. Los llamados Aliados fueron una alianza importante y trascendente de dos modelos contradictorios (capitalismo/comunismo), pero enfrentados contra un tercero, enemigo común de ambos (el nazismo).

A partir de 1941 se hicieron vanas reuniones internacionales; en 1945 se formalizaron los acuerdos fundamentales en la conferencia de Yalta, y vino a continuación la organización de las Naciones Unidas, en la cual participaron numerosos países dentro de los límites impuestos por las negociaciones entre las potencias. Durante esos debates se enfrentaron y convergieron posiciones heterogéneas hasta la contradicción: liberalismo ortodoxo, marxismo estalinista, reformismos, populismos, maoísmo, etc.

La Declaración es el resultado de la correlación de fuerzas entre los dos bloques triunfantes multiplicada por la preocupación que provocó el Holocausto. O, dicho de otro modo, una manifestación normativa dentro de los límites de la correlación de fuerzas entre el bloque capitalista y el bloque comunista de entonces. Si la correlación de fuerzas hubiera sido diferente, seguramente la declaración habría sido otra. No hubiera sido la misma porque se trataba de negociaciones político-económicas y geoestratégicas entre potencias. No se concluye de allí que la Declaración sea un instrumento despreciable, fugaz o irrelevante. Los acuerdos y las negociaciones políticas son una de las bases fundamentales del sistema de convivencia entre los seres humanos, y la Declaración Universal de los Derechos Humanos es una buena prueba de ello.

Las condiciones internacionales y de poder han cambiado. Ya no se habla de derechos humanos en el marco del mundo bipolar, caracterizado por la guerra fría. Parecería que las coyunturas pasan y que los derechos humanos permanecen siempre iguales a sí mismos. Pero eso no es así ni siquiera en la letra de los textos normativos. A la Declaración de 1948 le siguieron otras declaraciones, protocolos y acuerdos que hoy nos llevan a hablar de derechos humanos de primera, segunda y tercera generación, que son al mismo tiempo conquistas genéricas de los derechos de los hombres y expresión de sus conflictos. Y como éstos se mantienen vigentes, los derechos humanos se mantienen como un problema político, como una manifestación prestigiosa, trágica y muchas veces loable de las contradicciones entre naciones, clases sociales, etnias e intereses diversos. Aquella Declaración se aprobó bajo el peso del horror del Holocausto. Pero genocidios hubo antes y, lo que es peor, los hubo después. En realidad, no podemos decir que el mundo sea mejor después de 1948.

De allí no se deducen la desesperanza, el nihilismo o el pragmatismo extremo. Sólo se deduce que los conflictos existen, que a veces se resuelven, a veces no. Sólo se deduce, entonces, la lógica general de la lucha política, que es el procedimiento que hemos concebido para ocuparnos de estos conflictos.

Entonces estamos necesariamente en el terreno del conflicto político-ideológico. Y de este modo, la cultura se convierte en uno de los protagonistas de las luchas por el poder. Los poderes opresores nunca pierden de vista el protagonismo de la cultura en la disputa por el poder. Por eso la dictadura militar tuvo una activa política cultural; por eso los imperios diseminan sus símbolos, modelos, valores y ONGs por todo el mundo, y por eso mismo las fuerzas populares y democráticas nunca deberían desatender la importancia estratégica de la política cultural.

Como señalamos antes, en marzo de 1976, 77, 78 y 79 los dictadores Videla y Viola distribuyeron a todas las unidades militares del país la orden de trabajo anual (secreta). En su segundo apartado señalaban, cada año, que ciado que ya habían sido derrotadas las organizaciones guerrilleras, se volvía imperativo conquistar los objetivos estratégicos, que pertenecían a la esfera de la cultura, la comunicación y la educación.

Su hipótesis de trabajo era tenebrosamente racional y simple. Estaban convencidos de que no alcanzaba con modificar el sistema socioeconómico del país, ni con asesinar, desaparecer o encarcelar, si no se provocaba un cambio profundo en "la mente" de los argentinos. Si no se producía este cambio, decían, los problemas volverían a aparecer y todo su esfuerzo habría resultado inútil. El proyecto de mediano y largo plazo pasaba fundamentalmente por la estrategia cultural. Por eso, por ejemplo, la dictadura modificó todas las currículas educacionales de nuestro país, desde la escuela primaria hasta los postgrados universitarios. Esto coloca a las dirigencias y militancias políticas frente a desafíos estratégicos alrededor de los cuales se va a definir el perfil de nuestra sociedad para las próximas generaciones. No se trata de profetizar íuturos apocalípticos sino de ejercer la memoria, desarrollar propuestas y tomar iniciativas.

El fin último de una cultura es darle sentido a la experiencia y a la existencia de una sociedad dada. Sobre esa base podemos preguntarnos qué clase de necesidades e intereses se ponen en juego cuando hablamos de política, de cultura y de política cultural. La lucha por los derechos humanos nos dio excelentes ejemplos de ello. Hagamos memoria: el movimiento por los derechos humanos (las Madres de Plaza de Mayo en particular) significaron una de las mayores proezas culturales de la historia argentina. Otro ejemplo es la lucha de las Abuelas de Plaza de Mayo, que ya encontraron más de 90 nietos, más de 90 niños (hoy jóvenes) que fueron apropiados, privados de su identidad, y que recuperaron sus derechos.

Sin embargo, las paradojas son inquietantes. Mientras las Abuelas recuperan nietos, no sabemos cuántas niñas/os son capturados día a día por el ominoso sistema de trata de personas. Por cada nieto que recuperamos, docenas de chicos son sometidos a la esclavitud moderna de la prostitución, la adopción ilegal o el tráfico de órganos. Muchos de esos chicos atienden el mercado de la prostitución para el turismo internacional que visita nuestro país.

Por cada tarea cumplida hay otras tantas pendientes y otras tantas nuevas que aparecen, a medida que las contradicciones, los conflictos y los enfrentamientos se suceden en un sistema de vida que hasta ahora demostró que es infinitamente capaz de generar espanto, opresión y desigualdad. Si la lucha por los derechos humanos nos salvó como sociedad hace 25 años, hoy sigue siendo una lucha imprescindible aunque no enfrentemos dictaduras genocidas.

El "derecho a la cultura" es uno de los llamados "derechos derivados", esto es, los Derechos Económicos, Sociales y Culturales enumerados en tratados internacionales. La represión a la cultura atenta contra el espíritu y la letra de las normas que protegen los derechos culturales de nuestras comunidades. Los llamados "derechos derivados" no constituyen un sistema de derecho paralelo o marginal respecto de los derechos humanos fundamentales, como el derecho a la vida, a un juicio justo, etc. La Conferencia Mundial de Derechos Humanos de 1993 es muy clara al respecto:

"Todos los derechos humanos son universales, indivisibles e interdependientes y están relacionados entre sí. La comunidad internacional debe tratar los derechos humanos de forma global y de manera justa y equitativa, en pie de igualdad y dándoles a todos el mismo peso".^rl

Cualquiera sea la definición de "cultura" que utilicemos, siempre nos vamos a encontrar con la importancia de la misma tanto en el proceso de construcción de la identidad social como en la conformación de recursos individuales y colectivos de interacción. La represión a la cultura necesariamente se vuelve represión política, que produce daño colectivo, social, y daño en la subjetividad de cada individuo. Es así que los debates pendientes en el ambiente de la cultura son -o deberían ser-debates políticos que nos debemos.

Si vamos a hablar de la memoria y de la destrucción de libros (y de bienes culturales en general), el hecho es que la biblioclastía no es sólo un hecho del pasado. Leer es un derecho, pero la mitad de la población no lee libros. En parte eso se debe al desarrollo de la globalización, en la cual (contra lo que se suele creer) los usuarios de Internet pasan la mayor parte del tiempo de conexión dedicados a leer. En parte se debe a que en muchos países crece la población pero no crece su capacidad económica para adquirir libros y bienes culturales en general. Y en parte se debe a los cambios ocurridos en el mercado editorial. Al menos en la Argentina, este mercado sufrió un intenso proceso de concentración y a manos de empresas extranjeras, concreción, en el ámbito de la cultura, del modelo económico gestado por la dictadura. Pero es también el modelo que no fue capaz de modificar la democracia durante treinta años.

Muchos de los títulos prohibidos por la dictadura eran publicados por gran cantidad de editoriales de estructura pequeña y con una convicción enorme de que debían apostar por la discusión, la diversidad y el pensamiento crítico. Muchos de esos sellos desaparecieron durante la dictadura. Mientras los sobrevivientes ya no volvieron a ser lo que eran, las nuevas pequeñas y medianas editoriales se debaten dentro de las reglas del juego que imponen las transnacionales. La industria editorial argentina -que llegó a ser la primera en habla castellana— está en crisis. La estrecha relación entre el público y la literatura nacional es otra de las pérdidas aún no recuperadas. Hay pensamientos que ya no tienen posibilidad de edición en nuestro mercado, o últimamente lo tienen pero de manera marginal.

Hasta hace algunos años, era en Buenos Aires o en México donde se definía qué escritores latinoamericanos serían editados. Ahora esas decisiones se toman en España, Italia y Alemania. Es sobre todo en Europa (donde están radicados los fondos de inversión que controlan el mercado editorial) donde ahora se define a cuáles de nuestros autores podremos leer en nuestros países. Por supuesto, hay ejemplos de persistencia y heroísmo cotidiano, pero no son estos editores los que fijan las reglas del juego. Su porcentaje del mercado de lectores cayó dramáticamente. A pesar de la extensa y variada red de bibliotecas con que cuenta la Argentina, y aún a pesar de los planes de promoción de la lectura, distribución gratuita de libros, etc. que se intensificaron durante los últimos 10 años en nuestro país, el hecho es que el precio promedio de los libros es tan elevado que la mayor parte de los asalariados no pueden, como antes, acceder realmente a la lectura de libros. Las reglas de la economía de mercado impuestas por las dictaduras de los años 70 y por los gobiernos neoliberales de los 90, insinúan posibles formas de biblioclastía en la actualidad, menos dramáticas, sin autores encarcelados ni desaparecidos, sin censura estatal, pero de todas formas con derechos cercenados, sobre todo los derechos de los lectores. Ya no se queman libros, pero tampoco se edita todo lo que se podría ni todo lo que se debería. O, dicho de otra manera, los/ las lectores argentinos del siglo XXI tienen menor variedad de ofertas de lectura y a precios mayores que los/las lectores argentinos de los años años 60. Si bien es cierto que esto significa un retroceso en su derecho al conocimiento, también lo es eme ocurre en una coyuntura en la cual la sociedad argentina avanza incesantemente en la conquista de derechos sociales y culturales.

Notas

1.    Ver: Invernizzi, Hernán y Gociol, Judith: Un golpe a los libros. EUDEBA. Buenos Aires. 2002.

2.     Los hombres de buena voluntad. La Historia de la Vigil, realizado por 4 AD Comunicaciones, Santa Fe, 2005.

3.    Ver diario La Opinión, 30 de abril de 1976.

5.     El caso de EUDEBA está desarrollado in extenso en Invernizzi, Hernán: ¡Los libros son tuyos! Civiles, académicos y militares. EUDEBA. Buenos Aires. 2005.

6.     Ver también: Invernizzi, H. y Gociol, J.: Cine y dictadura. Capital Intelectual. Buenos Aires. 2006.

7.     Las citas están tomadas de los diarios La Nación y La Prensa de las fechas correspondientes. También pueden encontrarse, ampliadas y comentadas, en obras como El Onganiato de Gregorio Selser, Censura, autoritarismo y cultura de Andrés Avellaneda y El Estado Terrorista Argentino de Eduardo L. Duhalde.

8.     "Guerra" entre comillas porque de ninguna manera se comparte la posición según la cual Argentina suírió una guerra interna durante la dictadura.

9.     Invernizzi, Hernán y Gociol, Judith: Prólogo; en Solari, Tomás y Gómez, Jorge (Cornp.): Bibliocastía. EUDEBA. Buenos Aires. 2008.

10.   Ver Invernizzi, H. op. cit. 2005.

11.   Ver Oporto Ordóñez, Luis y Ramírez Santiesteban, Edgar (editores): Destrucción de la riqueza documental y bibliográfica. Memoria del Seminario Internacional de Archivística. Biblioteca y Archivo Histórico de la Asamblea Legislativa Plurinacional. La Paz, Bolivia, 2011.

12.   Declaración y Programa de Acción de Viena (parte I, párr. 5), aprobada por la Conferencia Mundial de Derechos Humanos, Viena, 25 de junio de 1993. Ver también el "Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales". Resolución 2200 A (XXI), Asamblea General de las Naciones Unidas, diciembre de 1966.