LA UNIVERSIDAD JESUÍTICA DE CÓRDOBA, BAJO LA LUPA DE LA INQUISICIÓN.
DOCUMENTOS PARA SU ESTUDIO.
Jaqueline Vassallo (*)
Resumen
]]> En el presente trabajo intentaremos indagar en las formas de obtención de información familiar de los candidatos que pretendían obtener grados en la Universidad de Córdoba- a través de los “estatutos de limpieza de sangre”; como también en las políticas de control que recayeron sobre la misma, ejercidas por las autoridades inquisitoriales que trabajaron en la jurisdicción durante ese período. Las fuentes utilizadas proceden del Archivo General e Histórico de la Universidad Nacional de Córdoba y el Archivo del Arzobispado de Córdoba (Sección Inquisición).<INFORMACIÓN CIENTÍFICA> <PUBLICACIONES PERIÓDICAS> <INVESTIGACIÓN ACADÉMICA> <UNIVERSIDADES BOLIVIANAS>
Summary
The present paper will try to delve into forms of get familiar information candidates that had sought to obtain degrees at the University of Córdoba, through the “statutes of blood cleansing”;as well as in policies of control that involvement on it, exercised by the inquisitorial authorities that worked in the jurisdiction during that period. The fonts used are from the General Historical Archives of the National University of Córdoba and the Archive of the Archbishop of Córdoba (section Inquisition).
<SCIENTIFIC INFORMATION> <PERIODICAL PUBLICATIONS> <ACADEMIC RESEARCH><BOLIVIAN UNIVERSITIES>
I. A MANERA DE PRESENTACIÓN
A fines del siglo XVI, Felipe II trasplantó la Inquisición a tierras americanas por real cédula fechada el 25 de enero de 1569. Esta resolución se tradujo en la creación de tres tribunales con sede en las ciudades de Lima, México y Cartagena de Indias, por cuanto gran parte del territorio que actualmente constituye América del Sur quedó bajo la dependencia del primero.
Su instalación en el espacio americano significó la puesta en vigencia de nuevas formas de control sobre la población: la existencia de nuevas prohibiciones, la regulación del funcionamiento de los tribunales, de los procedimientos con los que enjuiciarían, las reglas que establecían los castigos y sus distintas formas de aplicación y, por cierto, la existencia de redes clientelares que involucraron a comisarios y jueces con sectores de la élite, especialmente quienes estaban dispuestos a convertirse en “familiares” del Santo Oficio.
]]> La persecución de la “herejía”, entendida por entonces como “lesa majestad”, fue clave en la puesta en práctica de las reglas que se utilizarían para apresar y condenar a quienes se habían definido como “herejes”. La religión no era sólo un aspecto entre los varios constitutivos de la cultura comunitaria, sino el principio estructurante de toda la cultura. Pero la importancia globalizadora de la religión derivaba también de hechos y procesos históricos: de la política constantiniana, que desde el siglo XIV había convertido al Estado en brazo armado de la Iglesia y a ésta en sacralizadora de los poderes políticos; lo cual dio carácter político al delito de “herejía” e identificó al error dogmático como desviación. Para el caso español, esto se materializó con la creación del Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición durante el gobierno de los “Reyes Católicos” (1478), que fue utilizado por la monarquía a lo largo de varios siglos como un instrumento político y de control social. Su jurisdicción —de carácter mixto— conjugaba lo político y lo eclesiástico que, entonces, se hallaban inseparablemente unidos1.La ciudad de Córdoba rápidamente fue elegida por los inquisidores limeños para que en ella comenzara a funcionar un Comisariato, a partir de la primera década del siglo XVII. En esa época, Córdoba era una de las ciudades más australes del Imperio, contaba con cuatro décadas de vida desde que Jerónimo Luis de Cabrera la había fundado y constituía un paso obligado para quienes transitaban hacia el Alto Perú y Chile. Asimismo, ofrecía un contexto socio-político marcado por la presencia de dos instituciones centrales: la Universidad jesuítica, fundada en 1613, y el Obispado, con sede en la ciudad a partir de 1699.
En la presente investigación intentaremos indagar cómo se materializó la obtención de información familiar de los candidatos que pretendían estudiar en la Universidad jesuítica de Córdoba a través de los “estatutos de limpieza de sangre”, así como las políticas de control que recayeron sobre la misma, ejercidas por las autoridades inquisitoriales de entonces.
Las fuentes utilizadas proceden del Archivo General e Histórico de la Universidad Nacional de Córdoba y el Archivo del Arzobispado de Córdoba (Sección Inquisición).
II. UNIVERSIDAD E INQUISICIÓN: DELACIONES, DELITOS Y CONTROLES
Según Antonio Elorza, la Inquisición actuó como una “válvula de seguridad de la monarquía absoluta”, con lo cual introdujo mecanismos de control de conductas disfuncionales suficientes para hacer abortar cualquier propensión a la rebeldía2. Entre estos mecanismos podemos mencionar: la vigilancia omnipresente, el miedo, la coerción y la posibilidad de ser delatado en cualquier momento y por cualquier persona. La Inquisición velaba para que la ortodoxia se cumpliera, en todas partes, en todos los sectores sociales y por los más variados hechos; por cuanto universidades y colegios no escaparon a dicho control.
Al constituirse en espacios de importancia para la monarquía y la Iglesia, donde se formaban fundamentalmente sacerdotes y abogados, no es casual que se hayan vigilado los estudios, sus actividades y a los propios actores3. Es más, también fueron a buscar especialistas a sus claustros con el fin de comprometerlos con la actividad inquisitorial, como inquisidores, calificadores o revisores de bibliotecas.
Ahora bien, las universidades funcionaron en el marco de una sociedad tradicional, estamental y patriarcal, en la que no todos podían acceder a sus aulas, ya sea para enseñar o aprender. La educación formal sólo estaba reservada para los varones de las élites: había que ser varón, hijo legítimo y probar “limpieza de sangre” para poder acceder a una carrera. Recordemos que la “limpieza de sangre” —identificada con la inexistencia de ascendencia judía— fue exigida por primera vez para el acceso a los cargos públicos por la “Sentencia Estatuto” de Toledo, dictada en 1449. Posteriormente, y a lo largo del siglo XVI, fue exigida para el ingreso a colegios mayores, cabildos, catedrales, órdenes militares y otros organismos. Mientras, nuevos restringidos se sumaron a los judíos: “moros” y penitenciados por el Santo Oficio5. Según Elorza, a los españoles no les bastó con la expulsión de los judíos y la conversión forzada, sino que también, a través de los estatutos de limpieza de sangre se constituyeron en “barreras” que impedían al “converso” toda integración que no fuera subalterna, por lo tanto, una vez sancionado desde el poder el principio de la “peligrosidad” para la comunidad católica, sólo quedaba esperar que una institución tras otra cerraran el paso a los “cristianos nuevos”6.
Inquisidores y teólogos sostenían su vigencia aduciendo que con ellos se vedaba “el acceso a los conversos a posiciones sociales privilegiadas” pero, en la práctica, equivalía a trazar una línea divisoria en el interior de la sociedad española y a hacer de ésta un “reducto racista”7. En este sentido, Universidades y Colegios comenzaron teniendo una actitud dispar, pero hacia fines del XVII, todos los llegaron a implementar(8). La Universidad de Córdoba, entonces, no escapó a estas imposiciones y formas de control.
Recordemos que inicialmente, esta institución funcionó como Colegio Máximo a partir de 1613, por iniciativa del obispo Trejo y Sanabria, de la mano de la orden jesuítica—considerada el “símbolo de la Contrarreforma católica” —; y en 1621, se transformó en Universidad menor por breve de Gregorio IX.
Las primeras clases de filosofía y teología —impartidas a cincuenta alumnos, de los cuales 30 eran seminaristas— coincidieron con las primeras actuaciones del Comisariato en la ciudad9. Por entonces, ya se encontraban vigentes las numerosas disposiciones que regulaban los “delitos” sometidos a la jurisdicción inquisitorial, como también, la obligación de presentar estatutos de “limpieza de sangre” para acceder a sus aulas, y cuyas actuaciones debían permanecer en el Archivo de la Universidad10. A través de esta documentación, se debía acreditar la legitimidad de su nacimiento, su pertenencia a la “religión cristiana” y la ausencia de “nota de mulato, o alguna cosa de aquellas que tiene contraído alguna infamia”11. Como podemos observar, en América se sumaron nuevas “ascendencias peligrosas”.
Sin embargo, debemos mencionar que los estatutos eran exigidos, no al inicio de la matriculación, sino al finalizar el cursado; es decir, al momento de tramitar el grado, y según podemos leer también en la última Constitución de Rada (número 62), se había comenzado a hacer hincapié en la legitimidad de nacimiento: “Por ser justo y muy conducente al decoro y lustre de la Universidad la observancia de lo que se determinó en el claustro de 20 de julio de este presente año, nos e dará grado alguno en esta Universidad a persona alguna que no fuera legítima, cuia legitimidad hade comprobar antes que se proceda a conferirse dicho grado”12.
Se trataba, en definitiva, de un espacio sólo abierto a la formación de las élites en el contexto de una sociedad, que resultó una construcción jurídica e ideológica asentada en las diferencias raciales y étnicas, lo que implicó la existencia de un sistema jerárquico organizador de las relaciones sociales en las que la variable de raza, etnicidad, clase y género interactuaron para determinar el lugar de cada cual en la estructura social13.
El Archivo General e Histórico de la Universidad Nacional de Córdoba conserva actualmente numerosos expedientes sobre “limpieza de sangre”, presentados durante este período por sus alumnos a la hora de obtener grados en artes, teología o jurisprudencia. Esto último, porque durante la gestión franciscana se fundó la cátedra de Instituta (el embrión de los estudios de derecho en la región), por cuanto sus aspirantes y profesores también debieron ajustarse a la presentación de estatutos.
Podían iniciarlos los mismos interesados, o algún familiar en su nombre. De la lectura de los documentos evidenciamos que no se trató de una “mera cuestión burocrática”. Los mismos debían ser presentados a la hora de obtener el grado, y luego de probar que se habían aprobado todos los cursos; con lo cual, en caso de que las autoridades dispusieran que las pruebas presentadas no eran suficientes, podían llegar a denegarlo. A manera de ejemplo, citaremos el proceso iniciado por doña Pascuala Tapia, en nombre de su hijo Francisco Javier de Ibarra, para que pudiera acceder al grado de Maestro en Artes, en 179014. La viuda Tapia ofreció una serie de testigos y, de inmediato, el secretario Joseph Manuel Martínez designó al fiscal Joseph Gabriel Echenique para que participara en la prosecución del trámite. El paso siguiente fue la toma de los testimonios por parte del secretario a tres vecinos de la ciudad: don Nicolás Ponce de León, don Agustín Llanes y doña Francisca Fernández respondieron, bajo juramento, a las preguntas formuladas en base a un interrogatorio modelo. Si bien todos los testimonios fueron similares, citamos el realizado por Ponce de León:
]]>“A la primera (pregunta) dijo que conoce a la que lo presenta y no le tocan las generales de la ley.
A la segunda dijo, que á la Madre de la que lo presenta no la conoció, pero sí á su padre, que oio decir la habían procreado siendo ellos solteros y responde.
A la tercera dijo que solo sabe que Don Juan Antonio de la Barzena, Don Manuel Castro, y otros sujetos distinguidos comunicaban y trataban al padre pero que no puede afirmar fuera tenido por español, y hombre noble, solamente por su hombría de bien y que varias personas hacian acuerdo de decir Sr. Tapia”.
Las actuaciones, luego fueron remitidas al fiscal, y éste, rechazó la probanza, aduciendo “que siendo la deposicion de los testigos, diminuta y obscura y que solo se aclaran y explican sobre la hombría de bien de su padre, Juan de Tapia, sin dar razón de su linaje (…) no ser suficiente dicha información de ínterin no manifieste otro instrumento que acredite, y pruebe lo que solicita sobre su nobleza”, le denegó el acceso al grado hasta tanto no cumpliera con esta información15.
Acto seguido, y notificada la mujer, volvió a presentar más testigos; lo que convenció al “claustro” y le autorizaron acceder al grado, el 5 de diciembre de 1791; casi un año después de su presentación.
Algo similar, le ocurrió a Dionisio Montenegro, quien presentó sus papeles el 2 de octubre de 1792(16).
Una dimensión más completa la hallamos en el interrogatorio que preparó el secretario de la Universidad, el día 11 de diciembre de 1794, para que los testigos presentados por el aspirante al grado de Maestro en Artes, Francisco Solano Carvajal —originario de Traslasierra— depusieran sobre sus orígenes:
1. “Primeramente si conocen á la parte, si tienen noticia de esta causa, y si les tocan las generales de la ley
]]> 2. Item si conocen al Padre de don … y en que reputacion ha sido tenido en quanto á linaje expresando quanto sepan en la materia y haian oído, o publica, o privadamente y dando razon clara , e individual de sus dichos.3. Item. Si conocen a los abuelos paternos de dicho…, o que han oido de ellos, y en qué reputación fueron tenidos.
4. Item, Si conocen á la madre, y Abuelos maternos del citado… expresando quanto sepan sobre su linaje en el concepto común, y reputación de las gentes.
5. Item. Si en Traslasierra, o en esta ciudad han oído de pública voz ó privadamente, que dicho es de mala raza: expresen á quién, y que raza, ó defecto se le atribuie.
6. Item. Si saben que el Padre del referido es ladron publico, y como tal fue conducido presso a esta Real carcel; y que tambien en la ciudad de San Juan fue reputado públicamente por este defecto: reservando hacerles las preguntas que parecieren necesarias, y á que diezen ocasión sus respuestas”17.
En este sentido, estamos en condiciones de afirmar, siguiendo a Lértora, que los nuevos “aires” del siglo de las luces no llegaron a Córdoba, ya que estos cambios no alcanzaron para generar un clima de crítica ni polémicas radicales en torno a la religión ni a la monarquía —como ocurrió en las universidades de Nueva Granada o Nueva España—; la tradicional Universidad franciscana continuó, en pleno siglo XVIII, sin grandes replanteos y con el viejo plan de estudios18.
Por otra parte, la “censura” fue una de las prácticas más habituales de la Inquisición, que buscaba materializar en estos peculiares espacios. Mediante su aplicación se entendía que “protegía” al lector de una “posible torcida interpretación”, buscando “corregir un posible error doctrinal”; sin embargo, también se incurrió en la censura de textos por motivos pacatos, moralizantes y hasta políticos19.
Al igual que los comisarios que actuaban a lo largo y ancho de América, el de Córdoba recibió especialmente instrucciones emitidas por los inquisidores limeños relativas a la obligación de perseguir la lectura, posesión y comercialización de libros, como también la visita de bibliotecas. Y si bien las instrucciones generalmente abundaban en las ciudades cabeceras de aduana —que no era precisamente el caso de Córdoba—, los controles recayeron fundamentalmente por la existencia de numerosas bibliotecas, entre las que destacaba la de la Universidad, con más de 10.000 ejemplares20.
A fines del siglo XVII, los jesuitas comenzaron a ser convocados para colaborar con el tribunal como revisores de bibliotecas y librerías. Los candidatos eran nombrados por el Inquisidor general y debían reunir, asimismo, los requisitos de “limpieza de sangre” y formación en teología. Uno de los nombramientos recayó en Noyelle, Provincial de la Compañía, a través de la orden dictada en Madrid el 30 de diciembre de 1684:
]]> “Don Diego Sarmiento de Valladares por la Gracia de Dios y de la Santa Sede Apostólica Obispo Inquisidor General en todos los Reynos y Señoríos de su majestad y de su Consejo de Estado por el presente damos licencia al principal que es o fuese de la Provincia del Paraguay de la Compañía de Jesús para que pueda expurgar los libros de las librerías de los Colegios de conventos de dicha Provincia guardando las reglas de expurgatorios del año mil seiscientos cuarenta y con lo que así expurgasen los aya de firmar y decomisar al Sano Oficio. Dada en Madrid a treinta días del mes de Diciembre del mil seiscientos ochenta y cuatro…”21
Un año más tarde, llegó la noticia a Córdoba a través de un oficio enviado por el Tribunal limeño al comisario Ascasubi. El revisor debía “visitar” las bibliotecas institucionales y privadas, Revisar cada uno de los textos que la conformaban —no sólo consultar los catálogos— con el objetivo de realizar una más cabal “censura”. Esta podía ser “in totum”, con lo cual, el libro debía ser recogido y remitido a Lima para ser calificados y, seguramente, quemados; en su defecto, se podía realizar una expurgación parcial del contenido, sin que procediera su incautación. El expurgo consistía en “tachar” los párrafos “que olían a herejía”, luego de lo cual debía anotar la leyenda: “Corregido por mandato del Santo Oficio”, que era rubricada por el comisario y su notario.
Para realizar la censura debía trabajar con índices especialmente emitidos por las autoridades inquisitoriales. Y si bien, para el caso citado, el revisor local debió actuar con el último índice dictado, hubo muchos otros que le precedieron y algunos más aparecidos durante el XVIII22.
Sin lugar a dudas, la biblioteca jesuítica que actualmente la Universidad alberga en su Museo Histórico, y que fue restituida en el año 2000 por el gobierno nacional, fue controlada y revisada en tiempos inquisitoriales. Innumerable cantidad de ejemplares conservan las notas dejadas por los inquisidores luego de haberlos sometido a revisión y podemos hallar hasta párrafos censurados. Luego de la expulsión, ocurrida en 1767, los franciscanos tomaron la conducción de la Universidad hasta el año 1808, en que pasó a manos del clero secular.
Este hecho, sin lugar a dudas, afectó seriamente la vida académica a pesar de que, según Di Stéfano, era la ciudad mejor preparada para soportar el impacto23. Siguiendo la orden de Carlos III suprimieron las cátedras de la “llamada escuela jesuítica- suarista mejor-, y que no se use de las autores de ella para la enseñanza”24. Estas medidas podemos leerlas en un contexto en que la monarquía quería deshacerse de las obras de teólogos jesuitas como Suárez, Mariana, Belarmino o Lacroix, que ya habían sido quemadas públicamente en Francia a mediados del siglo XVIII porque supuestamente sostenían doctrinas que atentaban contra el poder real25.
Entretanto, la Universidad tuvo nuevas constituciones, dictadas por el obispo visitador San Alberto, en 1784; disposiciones que eran más conservadoras que las de Rada y, en materia de limpieza de sangre, volvían a repetir la necesaria “calidad” de hijos legítimos, aunque se aceptó la dispensa del Rector de conformidad con el Prelado, en caso de que se tratase de “un hombre de notoria habilidad y recomendables costumbres, atendiendo el grado de legitimidad en que se halle”. En este sentido, no se admitía la matrícula ni en los grados ni en los ejercicios “de quien tuviera contraída alguna infamia”, salvo que pudiera demostrar por información jurídica la falacia de dicha imputación26.
La llegada de la Revolución de Mayo y el cambio de orden en 1810 también impactó en la vieja universidad, que continuó en manos del clero secular y bajo el rectorado del Dean Funes, quien por esos tiempos se había declarado a favor de la revolución. Entre los primeros cambios podemos señalar la introducción del estudio del derecho dictado por los gobiernos revolucionarios en el plan de estudios de abogacía. Por otra parte parte, concluyó la obligación para los alumnos de vestir con el “traje clerical”, para poder hacerlo con pantalones y chalecos en un contexto en que se legislaba buscando desmontar la sociedad estamental, concretando la igualdad jurídica de todos los habitantes en la Asamblea Constituyente de 1813.
Sin embargo, y a pesar de las nuevas ideas gestadas por la Junta de Buenos Aires —a la que un sector pro monárquico de Córdoba le opuso una “contrarrevolución” —, algunas persistencias coloniales quedaron vigentes en la Universidad.
Corría 1816, el año de la declaración de la Independencia, y el Vicerrector José María Bedoya dispuso la restitución a los estudiantes de los documentos que probasen su limpieza de sangre, porque el archivo de la universidad se estaba “llenando de papeles inútiles”27, “papeles” que aún se empeñaban en solicitar. Es más, la documentación del Archivo de la Universidad confirma que el gobierno provincial —en tiempos en que la Universidad estaba provincializada— tomó como modelo a estos informes, pero para solicitar a los presentantes un “Informe de conducta y de adhesión a la causa federal”, según quedó registrado en el libro X, en relación al expediente iniciado por don Ramón Paz para optar por el título de Doctor en Jurisprudencia, el 9 de mayo de 184428.
Los estatutos, quedaron definitivamente abolidos el 3 de noviembre de 1852, cuando la legislatura provincial sancionó una declaración que elevaba la educación pública en la Universidad Mayor de San Carlos a “franca para todos sin distinción”.
]]> Sin embargo, la universidad continuaba sólo receptando a las élites que podían pagar sus estudios en sus aulas, los contenidos estaban fuertemente influidos por el control de la Iglesia. Debíamos esperar la Reforma de 1918 para democratizar los claustros, el acceso libre y gratuito y el dictado de contenidos secularizados.
A MANERA DE CONCLUSIÓN
La Universidad no quedó sustraída de los mecanismos de control impuestos por la Inquisición y sustentados políticamente por la monarquía española. En ella también se reprodujeron las excepciones y discriminaciones de una sociedad de Antiguo Régimen, que funcionaba en torno a la “pública fama”, la “legitimidad” y la “pureza racial”, y que no se agotó con la caída del orden colonial.
El archivo de la Universidad nos da cuenta de restricciones, vigilancias y denuncias que se siguieron reproduciendo en sus claustros, en sus actores y sobre ellos mismos, ya que estos mecanismos resultaron también funcionales en los tiempos revolucionarios, sea para mantener el orden anterior o para sustentar el nuevo, según el caso.
Los estatutos de “limpieza de sangre” fueron difíciles de erradicar, sin lugar a dudas, en una sociedad tradicional como la de Córdoba, cuyas élites, en tiempos coloniales, se ufanaban de hablar de sus genealogías y guardar las tradiciones, aún después del cambio de orden. Estas genealogías les permitieron acceder —casi por herencia—a los cargos y las cátedras universitarias hasta que tuvo lugar la Reforma de 1918, gestada por estudiante y egresados, entre cuyas filas hallamos la primera generación de hijos de inmigrantes llegados al país a fines del XIX.
* Doctora en Derecho y Ciencias Sociales. Investigadora del CONICET. Profesora titular de Instituciones Hispanoamericanas. Escuela de Archivología. Facultad de Filosofía y Humanidades (UNC). Argentina.
NOTAS
]]> 1. ESCUDERO, José Antonio (2005). Estudios sobre la Inquisición. Marcial Pons. Madrid, p. 20 y sgts; CABALLERO,Ricardo Juan (2003). Justicia Inquisitorial. El sistema de justicia criminal de la Inquisición española. Ariel. Buenos Aires. p. 48; MORENO, Doris. La invención de la Inquisición (2004). Marcial Pons, Madrid. p. 200.2. LOPEZ ALONSO, Carmen - ELORZA, Antonio (1989) El Hierro y el Oro. Pensamiento político en España. Siglos XVI-XVII. Historia 16. Madrid.p.63.
3. DI STEFANO, Roberto - ZANATTA, Loris ( 2000). Historia de la Iglesia Argentina. Desde la Conquista hasta fines del siglo XX. Buenos Aires. Grijalbo. p. 135.
4. Para mayor información sobre la configuración de las figuras aludidas, véase: DIAZ REMENTERIA, Carlos (1999) “Caracterización general de los delitos públicos por falsedad o escándalo en relación con la actividad inquisitorial en el siglo XVIII”. La Inquisición en Hispanoamérica. A. Levaggi (coordinador). Buenos Aires, Ciudad Argentina.
5. ESCUDERO. Op. cit. p 339.
6. ALONSO-ELORZA. Op. cit. p.65.
7. Idem.
8. LEA, Henry (1983). Historia de la Inquisición Española. Tomo II. Madrid, Fundación Universitaria Española. p.155.
9. ARCHIVO DEL ARZOBISPADO DE CORDOBA. Tomo I. Siglo XVII.
10. ARCHIVO GENERAL E HISTORIO. Libro III. 1713-1798. pp 53-104.
]]> 11. CONSTITUCIONES DE LA UNIVERSIDAD DE CORDOBA ( 1944).Córdoba, Instituto de Estudios Americanistas.12. ARCHIVO GENERAL E HISTORICO. UNIVERSIDAD NACIONAL DE CORDOBA. Libro III. 1713-1798. pp 103.
13. PRESTA, Ana María. ( 1999). “ La sociedad colonial: raza, etnicidad, clase y género. Siglos XVI y XVII”. Nueva Historia Argentina. Tomo II Buenos Aires, Sudamericana. p83.
14. El mismo se encuentra caratulado como “Legajo reservado”. N 37.ARCHIVO GENERAL E HISTORICO. UNC. Libro III
15. Idem.
16. Idem. pp 897-495
17. Ibidem. pp 541-555.
18. LERTORA MENDOZA, Celina (1999). “La Enseñanza elemental y Universitaria”. Nueva Historia de la Nación Argentina. Tomo III. Bs As. Planeta.
19. ESCUDERO. Op. cit. p 338.
20. ASPELL, Marcela.(1997) “Las lecturas prohibidas en Córdoba del Tucumán. Siglos XVII-XVIII”. Cuadernos de Historia. N 7. Academia Nacional de Derecho de Córdoba. pp110-133; PAGE, Carlos (2000). “La librería jesuítica. Historia del expolio de un emblemático patrimonio cultural de Córdoba”. La Biblioteca Jesuítica de la Universidad Nacional de Córdoba. Educcor. Córdoba, p. 19-21. [ ]
21. AAPC. Tomo II 1684.
22. A saber: índices de 1547, 1554, 1559, 1584, 1612, 1632, 1640, 1707, 1747 y 1790.
23. DI STEFANO op. cit. p.136
24. ASPPEL. p58.
25. DI STEFANO op. cit. p.140.
26. CONSTITUCIONES. Op. cit.
27. ASPELL. Op. cit.
28. ARCHIVO GENERAL E HISTORICO . UNC Libro X.
BIBLIOGRAFÍA
]]> ASPELL, Marcela.(1997) “Las lecturas prohibidas en Córdoba del Tucumán. Siglos XVII-XVIII”. Cuadernos de Historia. N 7. Academia Nacional de Derecho de Córdoba. pp110-133;CABALLERO, Ricardo Juan (2003). Justicia Inquisitorial. El sistema de justicia criminal de la Inquisición española. Ariel. Buenos Aires. [ ]
CONSTITUCIONES DE LA UNIVERSIDAD DE CORDOBA (1944).Córdoba, Instituto de Estudios Americanistas. [ ]
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DI STEFANO, Roberto.- ZANATTA, Loris (2000). Historia de la Iglesia Argentina. Desde la Conquista hasta fines del siglo XX. Buenos Aires. Grijalbo. [ ]
ESCUDERO, José Antonio (2005). Estudios sobre la Inquisición. Marcial Pons. Madrid. [ ]
LEA, Henry (1983). Historia de la Inquisición Española. Tomo II. Madrid, Fundación Universitaria Española. [ ]
LERTORA MENDOZA, Celina (1999). “La Enseñanza elemental y Universitaria”. Nueva Historia de la Nación Argentina. Tomo III. Bs As. Planeta. [ ]
LOPEZ ALONSO, Carmen- ELORZA, Antonio (1989) El Hierro y el Oro. Pensamiento político en España. Siglos XVI-XVII. Historia 16. Madrid. [ ]
MORENO, Doris. La invención de la Inquisición (2004). Marcial Pons, Madrid. [ ]
PAGE, Carlos (2000). “La librería jesuítica. Historia del expolio de un emblemático patrimonio cultural de Córdoba”. La Biblioteca Jesuítica de la Universidad Nacional de Córdoba. Educcor. Córdoba, p. 19-21. [ ]
PRESTA, Ana María. (1999). “La sociedad colonial: raza, etnicidad, clase y género. Siglos XVI y XVII”. Nueva Historia Argentina. Tomo II, Buenos Aires, Sudamericana. [ ] ]]>